Tres quejas disciplinarias fueron radicadas contra Alexander Salazar Ruiz, funcionario de la Alcaldía de Jamundí, por presuntamente haber ejercido como abogado particular mientras ocupaba un cargo público en la administración municipal.
Salazar Ruiz se desempeña como profesional universitario en la Alcaldía de Jamundí desde 2021, según la información consignada en las quejas presentadas el pasado 3 de septiembre ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, la Secretaría de Gestión Institucional de la Alcaldía de Jamundí y la Procuraduría Regional del Valle del Cauca.
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Los denunciantes sostienen que el funcionario habría actuado como apoderado judicial de una particular en un proceso adelantado ante un juzgado de Cali, situación que, de comprobarse y no estar amparada por una excepción legal, podría generar consecuencias disciplinarias.
El proceso judicial citado en las quejas
De acuerdo con los documentos, Salazar Ruiz, identificado como titular de la tarjeta profesional n.º 325.032 del Consejo Superior de la Judicatura, habría actuado como apoderado judicial de Stephany Álvarez Cardona dentro de un proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali.
El expediente está identificado con el radicado 76001418900220200037600.
Uno de los elementos centrales citados por los denunciantes es el Auto de Sustanciación No. 292 del 7 de marzo de 2024, en el que el despacho judicial deja constancia de la renuncia del abogado al poder que le había sido conferido.
Según quienes presentaron las quejas, este documento sería indicativo de que Salazar Ruiz continuaba actuando como apoderado judicial mientras ya estaba vinculado laboralmente con la Alcaldía de Jamundí.
Autoridades deberán establecer si existió incompatibilidad
Las quejas señalan una posible incompatibilidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, que establece restricciones para el ejercicio de la abogacía por parte de servidores públicos, salvo las excepciones previstas por la ley.
También se plantea una eventual aplicación de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, en caso de que las autoridades determinen una vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses.
Sin embargo, la sola presentación de las quejas no significa que exista una falta disciplinaria comprobada ni una sanción contra el funcionario.
Corresponde ahora a las autoridades establecer, entre otros aspectos, la naturaleza exacta de la vinculación laboral de Salazar Ruiz, sus funciones, el periodo durante el cual habría ejercido como apoderado y si existía alguna excepción o autorización jurídicamente válida para ello.
Denunciantes pidieron verificar vinculación y funciones
Las personas que radicaron las quejas solicitaron reserva de identidad.
Entre sus peticiones está verificar la fecha exacta de vinculación de Salazar Ruiz con la Alcaldía de Jamundí, revisar el manual de funciones de su cargo y establecer si su relación laboral le permitía ejercer actividades jurídicas particulares.
También pidieron que, en caso de encontrarse méritos suficientes, se abra la correspondiente investigación disciplinaria.
¿Qué sigue en el proceso?
Al tratarse de quejas recientemente radicadas, las entidades receptoras deberán determinar inicialmente si tienen competencia para conocer del caso.
Posteriormente, si encuentran elementos suficientes, podrán abrir una actuación disciplinaria formal y practicar las pruebas correspondientes.
Hasta el momento, según la información suministrada, no se conoce un pronunciamiento oficial de Alexander Salazar Ruiz ni de la Alcaldía de Jamundí sobre estos señalamientos.
Por esa razón, los hechos deben entenderse en esta etapa como alegaciones contenidas en quejas disciplinarias, pendientes de valoración por parte de las autoridades competentes.
