Cauca y Chocó llegan al nuevo Gobierno con una deuda social acumulada durante décadas. Las cifras de pobreza, el conflicto armado, el rezago rural y ahora los efectos del terremoto obligan al presidente Abelardo de la Espriella a demostrar que el Estado gobierna para todo el territorio nacional, incluso allí donde las urnas le fueron adversas.
El Cauca cerró 2025 con una pobreza monetaria de 40,9 %. Chocó alcanzó 65,3 %. Detrás de esos porcentajes viven millones de personas cuya posibilidad de acceder a educación, empleo, salud, infraestructura y seguridad sigue condicionada por el lugar donde nacieron.
La distancia entre ambos departamentos también revela dos velocidades dentro del mismo Pacífico colombiano.
Cauca ha reducido su pobreza monetaria desde el 49,6 % registrado en 2023 hasta el 40,9 % de 2025. La mejoría merece reconocimiento, aunque el departamento continúa 12,9 puntos por encima del promedio nacional. Chocó permanece atrapado en una situación mucho más grave: casi dos de cada tres habitantes viven en pobreza monetaria y la pobreza extrema llega al 44,3 %
El terremoto profundizó lo que ya estaba roto
Tres días después de la posesión presidencial, el terremoto del 10 de agosto convirtió aquel análisis social en una emergencia nacional. La calamidad golpeó primero al departamento que ya cargaba la pobreza más alta del país. Allí fue el epicentro.
La reconstrucción añade una variable nueva a la ecuación de la pobreza. Cada escuela, cada centro de salud y cada vivienda que el sismo destruyó eran también la infraestructura que sostenía, de forma precaria, la salida de miles de familias de la pobreza monetaria. La reconstrucción exige reponer lo perdido. Exige, además, recuperar la capacidad productiva que esa infraestructura sostenía, y esa segunda tarea define buena parte del desafío que el nuevo gobierno recibe en el Pacífico colombiano.
La tragedia amplifica necesidades que ya existían.
Una familia pobre pierde mucho más que una vivienda cuando ocurre un desastre. Pierde activos acumulados durante años, herramientas de trabajo, medios de transporte, cultivos, animales, mercancías y redes de subsistencia. La recuperación puede tomar una generación.
Por esa razón, la reconstrucción de Chocó y de las demás zonas afectadas debe superar la reposición física de edificios.
Reconstruir significa mejorar. Significa levantar hospitales capaces de responder, escuelas seguras, viviendas resistentes, acueductos, carreteras, conectividad, infraestructura productiva y sistemas de prevención.
Cauca mejoró, pero también sigue atrapado en problemas estructurales
La trayectoria reciente del Cauca ofrece señales positivas. Entre 2023 y 2025, la pobreza monetaria disminuyó 8,7 puntos porcentuales. Popayán también presentó una reducción sostenida.
Parte de esa mejoría está relacionada con el crecimiento del ingreso laboral y con las transferencias institucionales. Esa combinación permitió que miles de hogares cruzaran la línea estadística de pobreza.
Sin embargo, cruzar esa línea todavía representa una situación frágil.
Una familia puede dejar de aparecer oficialmente como pobre y continuar expuesta a perder el empleo, enfermar, sufrir desplazamiento, enfrentar una cosecha fallida o quedar aislada durante semanas por problemas de orden público.
El Cauca requiere convertir la reducción de pobreza en movilidad social.
Eso implica empleo formal, productividad rural, acceso a crédito, vías terciarias, conectividad, formación técnica, educación superior pertinente y mercados para los productos agrícolas.
Nacer pobre también depende del lugar de Colombia
Una persona que nace en Cundinamarca enfrenta una probabilidad de pobreza muy distinta a la de alguien nacido en Chocó. El departamento más pobre del país registró 65,3 %, mientras Cundinamarca estuvo en 15,1 %.
Cincuenta puntos porcentuales separan esos dos territorios.
Esa distancia constituye una de las grandes deudas de la democracia colombiana.
El Cauca demuestra que reducir pobreza es posible.
Chocó demuestra que algunos territorios requieren intervenciones mucho más profundas.
El terremoto convirtió esa obligación en una urgencia.
Y el cambio de Gobierno añadió una prueba política definitiva.
El Pacífico colombiano puede convertirse durante estos cuatro años en el territorio donde el Estado reduzca algunas de sus desigualdades históricas.
El campo sigue determinando buena parte de la desigualdad
El lugar de residencia continúa marcando las oportunidades de los colombianos.
La pobreza nacional en las cabeceras municipales fue de 24,6 % durante 2025. En centros poblados y zonas rurales dispersas llegó a 39,5 %. La pobreza extrema rural triplicó prácticamente la urbana.
Cauca y Chocó tienen una fuerte composición rural.
La distancia entre una finca y una carretera pavimentada puede definir la rentabilidad de una cosecha. La ausencia de internet puede excluir a un estudiante. La falta de energía confiable puede impedir la transformación local de productos agrícolas. Una trocha deteriorada aumenta costos hasta volver inviable competir con mercancías importadas.
La pobreza territorial se construye mediante miles de pequeñas desventajas acumuladas. El Estado puede reducirlas.
Vías terciarias, electrificación, conectividad digital, agua potable, asistencia técnica y crédito rural tienen una relación directa con la capacidad de producir ingresos.
La pobreza también revela una deuda étnica
Los datos del DANE muestran otra dimensión imposible de ignorar. Los hogares encabezados por personas indígenas registraron una pobreza monetaria del 56,1 %. Entre los hogares afrocolombianos, negros y mulatos fue de 38,3 %. Entre quienes no registran autorreconocimiento étnico, la cifra llegó al 25,3 %.
Cauca y Chocó concentran poblaciones indígenas y afrodescendientes en proporciones altas.
La desigualdad histórica en acceso a tierra productiva, infraestructura, educación, servicios públicos, crédito, justicia y participación económica explica buena parte de esas diferencias. No es que la pertenencia étnica produzca pobreza.
Una política social seria para el Pacífico debe reconocer esa realidad histórica, territorial y cultural.
La seguridad también es política social
El conflicto armado atraviesa cualquier análisis sobre pobreza en el Cauca. Familias campesinas pueden recibir asistencia técnica, semillas o crédito y perderlo todo si quedan confinadas, desplazadas o sometidas a extorsión.
La reciente situación de Ortega, en Cajibío, mostró nuevamente comunidades obligadas a suspender su vida productiva por enfrentamientos, hostigamientos y explosivos transportados mediante drones.
Seguridad y desarrollo forman parte de una misma política territorial. Una carretera sirve poco cuando resulta imposible transitarla. Un cultivo legal pierde competitividad cuando el productor debe pagar extorsiones. Una escuela pierde su función cuando el miedo vacía las aulas.
El Estado necesita recuperar presencia territorial mediante Fuerza Pública, justicia, inversión, educación, salud y oportunidades económicas. Cada institución refuerza a las demás.
El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica
El presidente De la Espriella comienza su mandato enfrentando una circunstancia excepcional. Una tragedia nacional puso al Pacífico en el centro de la agenda apenas tres días después de su posesión. Ese hecho puede convertirse en una oportunidad para corregir décadas de abandono.
La reconstrucción permite diseñar una política especial para Chocó y fortalecer las transformaciones que Cauca necesita para consolidar su reducción de pobreza.
El Gobierno Nacional dispone de los instrumentos presupuestales, administrativos y políticos para hacerlo. Veremos la voluntad política.
Una hoja de ruta para el Pacífico
Enlace País Cauca considera que la discusión debería concentrarse en compromisos verificables. El país necesita saber cuánto invertirá el Gobierno Nacional en Cauca y Chocó durante los próximos cuatro años.
Cuántos kilómetros de vías terciarias serán mejorados.
Cuántas comunidades recibirán agua potable.
Cuántos jóvenes accederán a educación técnica y superior.
Cuántos empleos formales serán creados.
Cuántos hogares rurales lograrán acceso al crédito.
Cuántos proyectos productivos llegarán a mercados nacionales e internacionales.
Cuántos municipios recuperarán condiciones permanentes de seguridad.
Cuántas familias dejarán de depender exclusivamente de transferencias estatales porque ya cuentan con ingresos propios suficientes.
Esos indicadores permitirían juzgar al Gobierno mediante resultados.
Los desafíos que quedan sobre la mesa
Sostener la tendencia caucana exige mantener lo que funcionó: empleo formal, transferencias focalizadas y una capital departamental capaz de irrigar ingresos hacia su zona rural. Exige también dos condiciones nuevas, ausentes hace apenas un mes: una reconstrucción posterremoto orientada a recuperar capacidad productiva, y una relación con el nuevo gobierno nacional que garantice inversión pública proporcional a la magnitud del problema.
Las cifras del DANE confirman que el crecimiento económico y la redistribución del ingreso pueden reducir la pobreza cuando encuentran un territorio capaz de recibirlos. También confirman que ese mismo crecimiento se estrella contra el aislamiento, la debilidad institucional, el conflicto armado y ahora un terremoto, cuando el territorio no está en condiciones de aprovecharlo.
El Pacífico colombiano tiene, en el Cauca y el Chocó, la prueba de las dos caras de esa ecuación.
Cerrar esa brecha depende de que la política pública trate las causas estructurales que la sostienen. El promedio nacional las disuelve; el territorio las expone todos los días.
El Pacífico no puede esperar otra generación.
