- Palogordo revive la vieja historia entre Murcia y De la Espriella
- El traslado de Murcia reabre una historia incómoda
Por Alfonso Luna Geller / Hay historias que el tiempo acomoda con una ironía que ningún novelista necesita exagerar. En 2008, Abelardo de la Espriella fue uno de los abogados de David Murcia Guzmán cuando el imperio de DMG comenzaba a derrumbarse. Dieciocho años después, De la Espriella es presidente de Colombia y su antiguo cliente acaba de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.
El Inpec trasladó a Murcia desde La Picota y lo llevó el pasado sábado a Palogordo, donde fue sometido al procedimiento de ingreso y a valoraciones médicas, psicológicas y penitenciarias antes de decidir su ubicación. La información conocida habla de los pabellones de mayor seguridad.
De la Espriella participó en la defensa de Murcia en los primeros meses del escándalo de DMG. La relación terminó y años después se convirtió en abierta confrontación. En febrero de 2026, Murcia presentó una queja disciplinaria contra quien había sido su abogado y formuló cuestionamientos relacionados con aquella representación y sus honorarios. De la Espriella rechazó las acusaciones. En junio, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerró la actuación por prescripción de los hechos; por tanto, no hubo una decisión de fondo que declarara responsable al abogado.
Dos meses después, ya instalado De la Espriella en la Presidencia, Murcia fue enviado a Palogordo.
Allí está la pregunta política legítima. El pasado entre los dos obliga a que el Inpec explique con especial claridad las razones administrativas y de seguridad que justificaron el traslado. En asuntos públicos, las apariencias también reclaman transparencia. ¿Retaliación?
La condena de Murcia
Aquí existe una confusión. Murcia recibió inicialmente una condena superior a 30 años. En 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema corrigió la dosificación de la pena y la dejó definitivamente en 22 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de la multa correspondiente. Esa es la cifra jurídicamente relevante para explicar cuánto debe cumplir en Colombia.
El verdadero pleito está en el reloj porque Murcia permaneció varios años preso en Estados Unidos y regresó a Colombia en abril de 2019. Su defensa sostiene que acumula más de 17 años privado de la libertad y pide que el tiempo cumplido en territorio estadounidense sea reconocido para efectos de la sentencia colombiana. En abril de 2026 solicitó al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá el reconocimiento de la sentencia extranjera, la extinción de la pena y su libertad inmediata. El juzgado ordenó recaudar documentación para resolver esa pretensión.
Por eso no existe hoy una cifra seria y definitiva de “años que le faltan”. Si se hiciera únicamente una operación matemática con los más de 17 años de privación de libertad que alega la defensa frente a la pena de 22 años, 10 meses y 15 días, quedarían menos de seis años. Pero esa cuenta no equivale a la liquidación judicial de la pena. Si el juez acepta la tesis de la defensa sobre el tiempo cumplido en Estados Unidos en los términos reclamados, Murcia sostiene que no le faltaría tiempo alguno y debería quedar libre. Si la petición es rechazada, será el juez de ejecución quien determine el saldo real incorporando los períodos reconocidos y las eventuales redenciones.
Así queda una escena difícil de ignorar: el abogado de 2008 llegó a la Casa de Nariño; su antiguo cliente continúa preso y acaba de llegar a Palogordo.
Puede ser una decisión penitenciaria ordinaria. Puede despertar sospechas por la historia que los une. Lo verificable, por ahora, alcanza para exigir una explicación; no para escribir una sentencia sobre venganza.
Imagen destacada elaborada con inteligencia artificial mediante ChatGPT / OpenAI, a partir de referencias visuales suministradas por Proclama del Pacífico.
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